ESTA ES LA PROPUESTA QUE LOS PADRES DE KIRA HEMOS ENTREGADO EN MANO A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN ANNA SIMÓ
PROPUESTA DE GARANTÍAS MÍNIMAS PARA EL CURSO 2023-2024
PROTOCOLOS REALES DE TOLERANCIA 0 CON LAS VIOLENCIAS
Queremos que los Protocolos catalanes sean los primeros que no vulneren los derechos de los menores y que no permitan las violencias reiteradas. Unificar los protocolos de acoso escolar para el curso próximo como anunció el Departament d’Educació en mayo es un paso adelante, pero no es suficiente.
El maltrato entre iguales con abuso de poder por una parte e indefensión por la otra es VIOLENCIA, no un “conflicto de convivencia”, y debe ser razón suficiente para activar el protocolo de inmediato garantizando la protección de la víctima y la reconducción del victimario, que es quien tiene el problema de convivencia.
Normalizar en los protocolos el requisito de reiteración en el tiempo que surge de la definición de “bullying” es normalizar el maltrato en los centros educativos y, por lo tanto, es una flagrante vulneración de los derechos de los menores que debe ser erradicada con urgencia. El “bullying” tiene consecuencias terribles en los menores y debería ser tratado como un delito contra la salud pública, nunca como un referente de activación de protocolos en las escuelas, que es en lo que se ha convertido en la práctica.
Los protocolos tampoco deben servir para justificar la inacción del centro por el hecho de que los episodios de violencia no se consideren reiterados y prolongados en el tiempo. Docentes y Equipos Directivos deben conocer sus obligaciones y responsabilidad como garantes por ley de la seguridad física y moral de los menores en las escuelas.
Debe ser responsabilidad del adulto actuar y activar el protocolo cuando se pone en su conocimiento una situación de violencia, ya sea por parte de la víctima, de la familia, de terceros o de él mismo como observador. El registro de todo este proceso debe ser por escrito y compartido con la familia, así como con las administraciones.
Que una escuela active protocolos ante cualquier situación de violencia debe ser sinónimo de escuela segura y no de escuela conflictiva. Se debería trabajar un sistema que premie a las escuelas que aplican los protocolos desde el primer momento, e independientemente del resultado, con el único objetivo y prioridad de garantizar la seguridad de los menores, así como de establecer consecuencias o sanciones en el caso de las escuelas que no lo hagan porque han puesto por delante otros intereses.
SOBRE LA INACCIÓN DE LOS CENTROS Y LAS ACTUACIONES DE EDUCACIÓN
La inacción consciente por parte de los responsables de los centros educativos ante cualquier situación de violencia supone una grave negligencia que puede tener consecuencias a menudo irreversibles y fatales para los menores. Es lo que se conoce como “comisión por omisión” y podría ser constitutivo de delito.
Cuando denuncias por acoso escolar, violencias de adulto a menor u otras llegan hasta el Departament d’Educació por iniciativa de las familias se debe entender que es porque la escuela no ha actuado ante su petición y a través de los canales de comunicación habilitados en todos los centros educativos entre escuela y familia.
La Inspección educativa de ninguna manera se puede limitar a escuchar solamente la versión de la escuela como se hace por defecto actualmente. La escuela no puede ser juez y parte en un proceso de inspección de sus propias actuaciones y este es un punto que debe cambiar urgentemente si no queremos un sistema fallido. Es un hecho probado y reconocido que la Inspección solamente tiene en cuenta el testimonio de la escuela y han de ser las mismas familias las que, víctimas de esta indefensión institucional, recurran a otras vías, con sufrimiento añadido, dilación en el tiempo y gastos económicos que pocas se pueden permitir.
La Inspección educativa y el propio Departament d’Educació deben cumplir con su función de servicio público incluyendo a toda, y no solamente una parte, de la comunidad educativa. Todas las quejas que lleguen deben recibir respuesta por escrito. El resultado e informes derivados de las inspecciones se deben trasladar a las familias, así como se debería permitir a la parte demandante presentar alegaciones si lo considera necesario. Todo esto no se hace actualmente y la alternativa es hacerlo a través del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo). Que el Síndic de Greuges tenga que pedir la revisión de los expedientes sistemáticamente a petición de las familias porque no han sido escuchadas ni por la escuela ni por Educació es un fracaso y un fraude del sistema que debe solventarse urgentemente.
Por otro lado, si una familia pide el cambio de centro de su hijo o hija porque está sufriendo violencias en su escuela debe poder registrarse el motivo. Esta decisión “in extremis” de las familias debe ser también una señal de alerta de que los protocolos no se están activando en esa escuela, debiendo actuar de inmediato desde todos los ámbitos necesarios para atender a la víctima y reconducir a los victimarios y a los responsables del centro que han mirado hacia otro lado. También se deberá tratar la situación con las familias de los victimarios al ser las familias una pieza indispensable en la reconducción de las conductas de los menores.
Si además las situaciones de violencia han sido notificadas a la escuela y la víctima no puede o quiere volver al colegio hasta que no se solucionen y así proteger su salud física y mental, en ningún caso se podrá considerar que esta medida sea un caso de absentismo en el que tenga que intervenir la DGAIA.
LOS MENORES NUNCA PUEDEN TENER MENOS DERECHOS QUE LOS ADULTOS. LOS CENTROS ESCOLARES DEBEN SER LUGARES SEGUROS Y LIBRES DE VIOLENCIAS.
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