El fenómeno del suicidio en menores, especialmente cuando se asocia con el acoso escolar, es una cuestión compleja que requiere un análisis detallado de varios factores para comprender adecuadamente la responsabilidad involucrada. El suicidio por bullying considerar diversos elementos relacionados con el entorno escolar, las dinámicas sociales y las responsabilidades institucionales.
En primer lugar, es esencial reconocer que el entorno escolar es un microcosmos donde los niños pasan una parte significativa de su tiempo. Durante las horas escolares, los estudiantes están bajo la supervisión y cuidado de los profesionales de la educación, quienes tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente seguro y propicio para el desarrollo. En España, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su modificación posterior en la LOMCE establecen claramente la obligación de los centros educativos de velar por la integridad física y emocional de los alumnos. Estos textos legislativos especifican que los centros deben implementar medidas y protocolos adecuados para prevenir y actuar contra el acoso escolar.
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por España, establece en su artículo 19 que los Estados partes deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de violencia física o mental. Además, el artículo 28 de la misma Convención hace hincapié en la importancia de la disciplina escolar respetuosa y en la necesidad de que las escuelas promuevan el desarrollo del niño en un entorno de dignidad y respeto.
El bullying no es un fenómeno aislado ni puede ser atribuido únicamente a la vulnerabilidad individual de la víctima.
Las dinámicas de poder, la cultura institucional y la eficacia de las políticas de prevención y respuesta al acoso son determinantes críticos en estos casos. Si un niño se quita la vida debido al bullying, esto indica un fallo sistémico en la capacidad del colegio para detectar, prevenir y manejar adecuadamente el acoso. Este fallo puede manifestarse en la falta de formación del personal, la insuficiencia de medidas preventivas, la falta de seguimiento de las denuncias y la inacción ante señales de alarma.
Además, el argumento de que «solo uno se suicidó» es falaz y no reconoce la naturaleza profundamente individual del sufrimiento y la capacidad de afrontamiento de cada persona. La resiliencia y los mecanismos de defensa psicológicos varían significativamente entre individuos. Mientras que algunos niños pueden resistir o encontrar maneras de manejar el acoso, otros pueden no tener los mismos recursos emocionales o de apoyo, llevando a consecuencias trágicas. La existencia de un solo caso de suicidio ya es una clara indicación de que las medidas de protección y apoyo no han sido suficientes. No hablemos ya si han habido intentos fallidos.
El entorno familiar, aunque crucial, no puede compensar totalmente las deficiencias del entorno escolar.
Un niño puede tener un hogar amoroso y de apoyo, pero si el colegio, donde pasa gran parte de su tiempo, es un lugar de constante hostigamiento y miedo, las repercusiones emocionales pueden ser devastadoras. La incapacidad del colegio para proporcionar un ambiente seguro y para actuar eficazmente frente a situaciones de bullying tiene una responsabilidad directa en el bienestar de los alumnos.
Casos de autolisis por bullying en diferentes paises ilustran claramente la gravedad de este problema y la responsabilidad institucional involucrada. En España, el primer caso en los tribunales fue el de Jokin Ceberio en 2004 que conmocionó al país. Jokin, de 14 años, se quitó la vida en Hondarribia después de sufrir acoso escolar durante años. Su muerte reveló fallos en la respuesta del colegio y la necesidad de políticas más efectivas contra el bullying.
Otro caso significativo en España es el de Diego González, un niño de 11 años que en 2015 se quitó la vida en Madrid. En la nota que dejó, mencionó el sufrimiento que padecía debido al acoso escolar, lo que puso en evidencia las carencias en el sistema de protección y respuesta de su colegio.
Recientemente el caso de mi hija Kira López, que con 15 años que se suicidó en 2021. Kira sufría acoso escolar y, a pesar de las denuncias, no se tomaron medidas adecuadas para protegerla. Este trágico suceso resaltó nuevamente las deficiencias en la gestión del acoso escolar por parte de las instituciones educativas y la necesidad de implementar medidas más efectivas. Actualmente, la realidad jurídica es que el centro educativo al que iba Kira, el Manynanet Sant Andreu, tiene puesta una demanda por nosotros sus padres.
En el Reino Unido, el caso de Fiona Pilkington en 2007, aunque involucró acoso vecinal y no escolar, muestra la desesperación que puede causar el acoso prolongado. Fiona, junto con su hija discapacitada, se suicidó después de años de intimidación que no fue adecuadamente atendida por las autoridades, subrayando la responsabilidad institucional en la protección de las víctimas.
En Francia, Marion Fraisse, de 13 años, se suicidó en 2013 debido al acoso escolar. Su madre escribió un libro, «Marion, 13 años para siempre», que detalló el acoso sufrido y la inadecuada respuesta del sistema educativo. Este caso generó un debate nacional sobre la eficacia de las políticas anti-bullying y llevó a reformas en las escuelas francesas.
En Irlanda, el caso de Phoebe Prince en 2010 llamó la atención internacional. Phoebe, de 15 años, se suicidó tras sufrir acoso en su escuela en Massachusetts, Estados Unidos, después de mudarse desde Irlanda. Su caso subrayó la necesidad de cooperación internacional y mejores políticas educativas para proteger a los estudiantes de acoso, mostrando que el problema trasciende fronteras y requiere atención global.
En resumen, la responsabilidad del suicidio de un niño debido al bullying no puede ser simplistamente atribuida al niño mismo. Es imperativo analizar el rol del colegio en la creación y mantenimiento de un ambiente seguro, la eficacia de sus políticas contra el acoso y su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. El fallo en cualquiera de estos aspectos indica una responsabilidad institucional que debe ser reconocida y abordada para prevenir futuras tragedias. Las leyes tanto nacionales como internacionales refuerzan esta responsabilidad, subrayando la importancia de un entorno escolar seguro y protector.
Artículo de opinión de José Manuel López Viñuela, Perito Judicial en Gestión de Centros Educativos y Acoso Escolar. Responsable de Trencats Asociación Contra las Violencias en las Escuelas.
